Costa Verde lleva 9 años sin que el ADN cumpla la ley
Residentes protestaron el sábado 24 de octubre frente a una obra en construcción con permisos del ayuntamiento equivocado, en abierta contradicción con la Ley 163-01 y dos sentencias judiciales.
La comunidad de Costa Verde lleva nueve años exigiendo al Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) que cumpla la Ley 163-01, y la paciencia se agotó el pasado sábado 24 de octubre. Decenas de residentes salieron a protestar en la entrada de su urbanización tras conocerse que una edificación en plena construcción exhibe permisos del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO), una institución que, según los vecinos, no tiene jurisdicción sobre ese territorio.
Una obra, dos municipios y una ley ignorada
El detonante de la protesta fue ver el letrero de una obra nueva con el sello del ASDO, no del ADN. Para los residentes, eso es una violación directa al artículo 2 de la Ley 163-01, que establece los límites del Distrito Nacional, y a los estatutos internos de la comunidad, aprobados en tres asambleas comunitarias, que fijan un tope de dos niveles para cualquier construcción dentro de Costa Verde. Los vecinos temen que, si el ASDO otorga permisos sin ese límite, el carácter residencial de la urbanización quede expuesto a edificaciones de mayor altura en un sector que ya opera al límite de su capacidad espacial.
El abogado Aquiles Machuca, uno de los portavoces de la comunidad, fue directo: "El artículo 2 de la Ley 163-01 y la Sentencia del TC 0172-23, y la del TSE, establece a Costa Verde como parte del Distrito Nacional y todas las instituciones públicas y privadas deben acogerse a eso. Es insólito que en la rendición de cuentas del 2023 incluyeron a Costa Verde y en la del 2024 la quitaron del listado y del mapa".
Reconocida por todos menos por el ayuntamiento
Esa contradicción es el núcleo de la queja. Según la nota de prensa emitida por los propios residentes, la Junta Central Electoral, la Fiscalía del Distrito Nacional y el senador de la circunscripción sí reconocen a Costa Verde como parte del Distrito Nacional. El ADN, sin embargo, la excluyó de su rendición de cuentas de 2024, pese a haberla incluido en la de 2023.
La arquitecta Digna Martin, residente y voz técnica de la comunidad, resumió la exigencia en términos claros: "Los permisos, normas y disposiciones deben ser los correctos, los de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional. Hacemos un llamado a las instituciones para que se acojan a las normas".
Por su parte, Sergio Hernández Díaz, otro miembro de la comunidad, apuntó a la paradoja con un toque irónico: "Es insólito que en pleno 2026 la fiscalía y el senador sean del Distrito y el ayuntamiento no actúe para reconocernos. Hasta ChatGPT sabe que somos del Distrito Nacional, pero el ADN no. No queremos problemas, solo que vengan a remozar el parque, el malecón y colaborar para que el sector se mantenga de bien a mejor".
3,312 días sin respuesta
El expresidente de la comunidad, Nelson Ventura, puso cifra a la espera: "Desde que retomamos el tema en el 2017 han pasado 3,312 días. Esto bueno ya". María Pérez, otra de las manifestantes, advirtió que la presión no cesará: "Estamos aquí protestando pacíficamente y seguiremos en la lucha hasta que seamos reconocidos como tal. Exigimos con respeto que se cumpla la ley".
Una comunidad de 60 años con parque y malecón
Costa Verde no es un asentamiento menor. Según informa el sector en su comunicado, la urbanización tiene más de 60 años de historia, está conformada por seis calles horizontales y tres verticales, cuenta con entrada y garita de seguridad, y alberga uno de los parques más grandes del Distrito Nacional, con 4,000 metros cuadrados. A eso se suman 230 metros lineales de malecón y un mirador adicional de 15 metros lineales, infraestructura que los vecinos quieren ver mantenida precisamente por el ADN.
Los residentes fundamentan su reclamo en el artículo 2 de la Ley 163-01, una certificación del Senado de la República, la sentencia del Tribunal Superior Electoral TSE/0004/2025 y la del Tribunal Constitucional 0172-23. El próximo paso, según los portavoces, es continuar la presión pública hasta que el ADN actúe. Hasta el cierre de esta nota, el Ayuntamiento del Distrito Nacional no había emitido declaración oficial en respuesta a la protesta.
